El pasado 4 de febrero, entre otros medios de comunicación: El País, 20minutos.es, o El Periódico de Barcelona, publicaban que el Ayuntamiento de Barcelona, paralizaba multas por valor superior a 155.000.- Euros, a un jubilado que había incumplido, casi 300 veces una Ordenanza Municipal.
Fue el Defensor del Pueblo catalán, el que intercedió con una carta al Excmo. Ayuntamiento, aunque a posteorí, también se recogen como argumentos para tal decisión, el principio de proporcionalidad o la situación personal del ciudadano que no tiene recursos, en definitiva, que buenos son todos y que titular tan justo para los tiempos que corren, pobre ciudadano, si ante su indefensión clara y manifiesta, sólo lo “paralizan”.
Porque desde nuestro punto de vista, este titular, tan repetido, no es ninguna buena acción y no tiene nada que ver ni con el gesto del Defensor del Pueblo, ni mucho menos con el Ayuntamiento de Barcelona, sino con el procedimiento que ha seguido éste último y la imposibilidad material de cobrar un euro, pero ya que no van a ingresar nada, por lo menos, que se lleven una campaña publicitaria “gratuita”, para intentar lavar, si se puede, una imagen tan lamentable, como la que provoca al ciudadano tener que llamar a un 902 (teléfono de tarificación especial), cuando quiere contactar con una Administración PUBLICA, aquí véase nuestra entrada del pasado 16 de octubre, Vergüenza: Nos obligan a pagarles.
Un saludo.
El Procedimiento es nuestro.
